En virtud del artículo 9 de la Constitución Española, se garantiza la libertad y la igualdad real y efectiva del individuo a través de los poderes públicos, los cuales deben asegurar su inclusión en la “vida política, económica, cultural y social”. Es por ello por lo que las Comunidades Autónomas, a través de la Renta Mínima de Inserción, como competencia delegada del Estado, persiguen paliar la situación de aquellos que en base a su situación socioeconómica no consiguen tener una vida digna. En este presente trabajo se pretende resolver algunas dudas tales como: si la Renta Mínima de Inserción en realmente efectiva, si existen diferencias significativas entre unas comunidades y otras y finalmente si la Renta Mínima de Inserción consigue su objetivo, reducir la desigualdad social.