En este contexto, las universidades refuerzan la dimensión de utilidad o función social, intentando dar respuesta a dos retos principales: facilitar el acceso de la población a una educación superior de calidad y apoyar al tejido socioeconómico para afrontar las nuevas reglas de competitividad internacional derivadas de la globalización. La Sociedad del Conocimiento necesita ciudadanos con un alto nivel formativo e instituciones capaces de generar saber y transferirlo a la sociedad eficazmente. Entonces, las preguntas son: ¿Cuál es la respuesta de la universidad? ¿Es suficiente? ¿Puede hacerlo sola? ¿Cómo hacerlo mejor?

Para contestar a estas cuestiones, debemos analizar la función educativa, la función investigadora y el problema de la innovación productiva, teniendo en cuenta las líneas de trabajo de alta responsabilidad que aparecen en el horizonte universitario en el futuro inmediato.

Por lo que se refiere a la función educativa, la formación universitaria española ha alcanzado en las últimas dos décadas tasas de matriculación y graduación equivalentes a las de los países más desarrollados y socialmente eficientes. Este dato es importante si se tiene en cuenta que, en el último año, se han recortado en torno a 300 millones de euros, un 5% menos, en un contexto en el que sólo se invierte en torno al 1,1% del PIB, mientras la media de la OCDE es del 1,5%. A pesar de todo ello, la universidad española ha puesto en marcha el reto del Espacio Europeo de Educación Superior, cumpliendo su compromiso como país en Europa.

En el ámbito de la investigación, la producción científica española es la novena mayor del mundo. España genera el 3,4% de la producción global. Dos tercios de esta producción científica es generada en las universidades. Es un resultado más que notable si consideramos que España sólo invierte en I+D+i un 1,38% de su PIB, muy lejos del 2,3%, que es la media de la OCDE. Ello revela una eficiencia extraordinaria: con poco, hacemos mucho. Con estos resultados el Sistema Universitario Español se sitúa entre los cuatro más productivos en ciencia. Y nos indica que disponemos de la materia prima básica para afrontar los retos: el talento. Con este potencial humano cabe esperar que si se aumentara la inversión, se traduciría en un importante salto adelante que ubicaría claramente a España entre los países líderes en la escena internacional.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se trata sólo de producir investigación, sino además de innovar, es decir, de transferir los resultados al tejido socioeconómico para hacerlo más competitivo. Aquí tenemos un evidente talón de Aquiles: siendo la novena potencia científica, España apenas alcanza el puesto 42 en el ranking mundial de competitividad. El reto de la innovación exige esencialmente la inversión de las empresas en I+D+i y la potenciación de modelos de transferencia del conocimiento que sean más ágiles y flexibles y permitan la colaboración de todos los actores, es decir, mejorar la cultura innovadora.

Por tanto, es crucial no sólo mantener o incrementar la inversión en investigación globalmente, sino en especial aumentar la participación privada en la misma y mejorar los sistemas de transferencia de conocimiento para potenciar la innovación, y así ganar competitividad y asegurar el empleo cualificado y el bienestar social. Esta apuesta debe ser estratégica y socialmente prioritaria. Hay un dato incuestionable: sólo aquellos países que invierten al menos el 1,7% de su PIB en I+D+i muestran índices de competitividad adecuados para afrontar el reto del crecimiento económico y la creación de empleo.

Y la inversión debe venir acompañada de una planificación previa. Por ello, desde la CRUE acabamos de dar un paso sin precedentes con la firma de un convenio de colaboración con Cámaras de Comercio, para avanzar en el fortalecimiento de la transferencia de conocimientos, experiencias y habilidades entre nuestros tejidos universitario y empresarial, con el objetivo de impulsar la formación, la innovación y la cultura innovadora, para potenciar la competitividad que tanto necesita España. En este convenio se contemplan medidas como la conexión permanente entre la red de viveros para emprendedores de las Cámaras y los parques científico-tecnológicos de las universidades, la intermovilidad entre el profesorado universitario y los profesionales de los sectores productivos y de servicios, la compatibilidad entre los programas de doctorado y los contratos de prácticas, el diseño de un máster en innovación o la creación del Observatorio de las demandas sociales y del sector productivo español para el acceso al empleo.

Como sociedad debemos ponernos como horizonte de referencia la Estrategia Europa 2020, que en el ámbito de la UE plantea un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, definiendo una serie de objetivos mensurables: conseguir que el 75% de la población de 20 a 64 años tenga empleo, sacar de la pobreza a 20 millones de europeos, reducir el abandono escolar a una tasa inferior al 10%, lograr que el 40% de los jóvenes tengan estudios superiores completos e invertir en I+D el 3% del PIB.

Para alcanzar este horizonte, la superación del reto que supone el alumbramiento de este nuevo modelo social y económico ha de fundarse en la confianza mutua entre todos los agentes, alejada de manifestaciones catastrofistas, la colaboración estrecha en el marco de una sociedad integral, donde todos aportemos nuestra contribución a un empeño colectivo, que es asegurar un porvenir sólido para nuestro país y para las jóvenes generaciones."