El análisis de las causas que provocan ese silencio y sus posibles soluciones es el objeto de un estudio de investigación financiado por Instituto Andaluz de la Mujer y realizado por la profesora de la UCO y directora de Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán”,Mercedes Osuna, Aurora Genovés, abogada y vocal del Observatorio Andaluz de Violencia de Género, y Borja Jiménez, fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Córdoba y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Entre las propuestas de este trabajo, la modificación del artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que dispensa a la víctima de su derecho a declarar; una reforma legislativa que impida, en palabras de Mercedes Osuna, que la víctima tenga que elegir "entre el riesgo y el descrédito".
El estudio titulado "El silencio de las víctimas: Un análisis jurídico y social" y presentado en el Rectorado por Mercedes Osuna, Aurora Genovés y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez, realiza un muestreo sobre sentencias de los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial durante los años 2010 y 2011. Un análisis que aunque se centra en Córdoba podría extenderse al resto de Andalucía en un futuro y cuyas conclusiones, ha señalado Genovés, pretenden ser una herramienta eficaz para erradicar la violencia de género. Con un lenguaje asequible se revisa el concepto de prueba, sus clases, la naturaleza y valor del testimonio de la víctima para, seguidamente, desmenuzar el derecho a no declarar y todo ello, analizarlo con la jurisprudencia mencionada y las entrevistas realizadas por mujeres que voluntariamente y de forma anónima han querido responder a varias cuestiones, y formular unas conclusiones generales y jurídicas que, según ha adelantado la responsable del IAM, se remitirán al Observatorio Andaluz de Violencia de Género y a los órganos que correspondan para que los juristas propongan una alternativa a este articulado y dar instrumentos a jueces y fiscales para que puedan condenar a los culpables con todas las garantías procesales".
