Valderas ha valorado de este campo de trabajo y colaboración entre la universidad cordobesa y la Secretaría general de Consumo que vaya a permitir "contar con herramientas de análisis" de la realidad de las personas consumidoras, que se han convertido en una figura clave en la actual coyuntura socioeconómica, y cuya "protección es un reto de enorme importancia para las instituciones". De ahí la utilidad de este convenio que puede, desde una visión práctica y multidisciplinar, generar conocimiento jurídico, económico y social sobre aquello que les afecta, como también puso de relieve Gómez Villamandos subrayando la experiencia de la institución cordobesa y su alta especialización en estos campos, que le permite llegar con gran aceptación a sectores de la población muy específicos como es el caso de los mayores.
En este convenio, que tiene un año de vigencia y pudiendo tener prórrogas anuales, las dos partes partes acuerdan potenciar la organización y realización de acciones formativas concertadas, es decir, conferencias, congresos, seminarios y cursos, y promoverán la realización conjunta de estudios y proyectos de investigación, así como la publicación de libros y de trabajos de investigación. Cada una de estas iniciativas se canalizará a través de un acuerdo específico, en el que tendrán que ir detallados la programación de objetivos y actuaciones, así como la aportación económica necesaria para su ejecución que tendrán que invertir ambas instituciones.
Para el correcto desarrollo del acuerdo y cuantas acciones académicas deriven de él, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un representante de la Universidad de Córdoba y otro de la Secretaría General de Consumo.
Este convenio, según ambas partes, tiene como valor añadido el ser un "instrumento de proximidad en las provincias a fin de acercar las políticas de consumo a la comunidad universitaria andaluza", como así prueba el firmado hace ahora casi un año con la Universidad de Jaén y con anterioridad con la Universidad de Granada.