Que los bancos devuelvan el dinero del rescate bancario condonando parte de la deuda de las familias; que sólo los jueces y nunca los notarios intervengan en los procesos de desahucios; que exista una casilla en la Declaración de la Renta para poder destinar esa parte del dinero a un fondo de garantía hipotecaria que se haga cargo de la renegociación de las hipotecas; que el “banco malo” asuma parte de la deuda de las familias en riesgo de exclusión y que los jueces puedan suspender las ejecuciones hipotecarias por razones humanitarias usando como documento vinculante los informes del Defensor del Pueblo. Ésas son sólo 5 de las 11 medidas propuestas y documentadas jurídicamente por los estudiantes de 3º de Derecho de la Universidad de Córdoba que integran en “Laboratorio Jurídico sobre Desahucios”, dirigido por el profesor Antonio Manuel Rodíguez Ramos, y que han sido integradas esta tarde al Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo.

 En el documento elaborado por los estudiantes, fruto de una investigación realizada en los últimos meses, se contemplan otras medidas como la inclusión obligatoria de una nueva cláusula en las hipotecas en las que se limite la responsabilidad del deudor al valor de la vivienda y no a las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Además, el informe preparado por los estudiantes incluye la propuesta de permitir la suspensión de la hipoteca si una familia se declara en suspensión de pagos y pide la apertura de un concurso de acreedores. También proponen los alumnos ampliar las competencias de las oficinas autonómicas de mediación; fomentar medidas de sanción contra viviendas vacías y la amnistía fiscal para los desahuciados.
Todas esas propuestas están documentadas y contemplan la manera de ejecutarlas con todas las garantías jurídicas.